Doctor Juan Regodón Vizcaíno, in memoriam
Las epidemias de cólera y de viruela azotaron Filipinas durante el siglo XIX. De acuerdo con la Gazeta de Madrid, por esta última enfermedad, entre mayo y octubre de 1855, habían muerto 6.000 niños en la provincia de Manila; un año después, la provincia de Batanes perdió un tercio de su población.
La persistencia de la viruela denota la precariedad de la vacunación en el archipiélago, algo que también ocurría en España, pero allí la escasez de médicos complicaba la lucha.
No es posible establecer la relación entre el número de personal sanitario y habitantes en Filipinas, porque los documentos recogen únicamente datos parciales sobre la cifra de facultativos y dado que, como indica el catedrático Julio Pérez Serrano, el primer empadronamiento general de la población asentada en el archipiélago filipino no tuvo lugar hasta 1877. Sin embargo, atendiendo a las cifras que apunta dicho historiador, más de tres millones y medio de personas en 1850 y más de cinco millones en 1877, podemos entrever la gravedad del problema.
El 6 de febrero de 1860 falleció el vacunador general del distrito de Romblón, Calisto de la Cruz. Tres años más tarde, aún no se había cubierto la vacante. Ante esta situación, se ordenó que se ocuparan de su cometido los vacunadorcillos. Aunque, según señaló el gobernador de Antique, que no tenían la inteligencia bastante, ni de dónde aprender, como no sea de una práctica ciega.
Anacleto Vergacio Santos, vacunador general de la provincia de Antique, presentó su renuncia en el mismo año al Gobierno Superior Civil de Filipinas, tras cuatro años de ejercicio. Alegó que el clima no era útil a su salud y mayormente, que no le asistía algún fomento respecto a sus intereses, esto es, no tenía ningún incentivo económico por lo que le valiese la pena seguir en dicho puesto.
Se presentaron quejas ante la máxima autoridad de la provincia, como la de Enrique Barbasa, quien mostraba que no había ningún médico en dicha provincia, ni sujeto que tuviera los conocimientos o práctica necesaria para sangrar al menos, en consideración al número de europeos que residimos en ella.
No fue posible cubrir esta plaza, debido el mísero sueldo que percibían tales trabajadores con el que ni podían satisfacer las necesidades más perentorias de la vida, ni corresponder al decoro con que deben estar revestidos esta clase de funcionarios en los que son de suponerse algunos conocimientos, atendido por otra parte, el importante servicio que prestan a la humanidad.
Para alentar a posibles candidatos, se demandó el aumento de sueldo de 10 pesos a 20 o 25, por haberse elevado el precio de todos los artículos de primera necesidad, alquileres de casa… Además, el vacunador tenía que pagar de su bolsillo los desplazamientos para atender a los enfermos, así como, en su caso, la ayuda de algún subalterno. Todo ello suponía un gasto bastante superior al que su sueldo le permite hacer.
Por ello, los que ejercían se dedicaban a otras ocupaciones que les proporcionaban medios de subsistencia, pero les distraía de su objeto principal, resultando que con frecuencia se extingue el pus vacuno en las provincias.
A este panorama, había que añadir situaciones peculiares y los abusos que se producían. Así, en el pueblo de Balibag en julio de 1861, había dos vacunadorcillos y mediquillos, quienes desempeñaban estos cargos por obligación de la justicia sin recompensa alguna por lo que rogaban a las autoridades un sueldo de 4 pesos mensuales cada uno.
O el caso de Mindoro, donde, según su alcalde, únicamente había un vacunador general, mero practicante que presta algunos auxilios y por los que exige cuentas tan exorbitantes que dan lugar a continuas reclamaciones. Por ello, pidió que se regulasen los honorarios.
¿Qué medidas se tomaron para mejorar la asistencia sanitaria?
En 1862 el gobernador superior civil de Filipinas aprobó la subdivisión de provincias en tres clases, de acuerdo su población, riqueza y extensión, para establecer la plantilla de vacunadores que correspondían a cada una.
También, se aumentó su sueldo. Cobrarían entre 25 y 15 pesos, no menos, según había ocurrido anterioridad en algunos sitios, como en Lepanto, donde se percibían 4 pesos. No obstante tendrían otras obligaciones: prestar sus conocimientos médicos en auxilio y asistencia de los presos de las cárceles, a las fuerzas civiles y militares, pobres de solemnidad, así como hacer el reconocimiento médico a los quintos.
Un año más tarde se fijó la Tarifa de honorarios con que había de retribuir la asistencia que como practicantes presten los vacunadores a los enfermos, cuando no hubiera en los pueblos médicos, ni cirujanos, por la necesidad de cortar los abusos que se cometían exigiendo crecidas sumas: por cada visita en la población y hasta un radio de media legua de la misma, dos reales fuertes; si se sobrepasaba esta distancia, se cobraría un peso más por cada legua de camino; y, por la asistencia al enfermo durante un día entero, se cobraría un peso y si era durante la noche, un peso más.
Patricio de la Escosura Morrogh, comisario regio de Filipinas, se atrevía a llamar la atención del ministro de Ultramar el 20 de septiembre de 1863 sobre la falta de médicos del archipiélago, en estos términos: Fuera de Manila la salud pública está en casi todo el archipiélago a merced de los curanderos del país, no solo ignorantes, sino además supersticiosos, charlatanes y en sus procedimientos tan brutal y cruelmente salvajes, como cuando Magallanes arribó a estas playas.
Ilustraba el atraso e ignorancia tanto de la población, como de los mediquillos, con este suceso trágico que ocurrió precisamente en la capital.
La noche del 3 de diciembre de 1861, María Bernarda, nodriza de Clemente de la Cruz, tenía calentura. Un practicante europeo le recetó unos sinapismos. Pero su familia, poco satisfecha con la prescripción de las cataplasmas, y contraviniendo el consejo y precepto de sus amos, llamó a un mediquillo. La paciente deliraba a causa de la fiebre, se estremecía y pronunciaba frases inconexas. El mediquillo dedujo que estaba endemoniada e invocó a la Santísima Trinidad, de tal modo que para curarle a un tiempo cuerpo y alma, le administró primero unos cuantos bofetones y luego una flagelación con un rabo de raya, de tal energía y tan trascendentales consecuencias, que a las veinte y cuatro horas habían en efecto cesado con su vida todos los padecimientos de la víctima.
El mediquillo fue enjuiciado y sentenciado a dos años de presidio, con apercibimiento de más severo castigo en caso de reincidencia.
La lejanía de la metrópoli, el sueldo y las condiciones de trabajo no favorecían la presencia en las islas de los facultativos españoles. Como exponía el comisario, los europeos venían como transeúntes, con la conciencia de que hacen un gran sacrificio a sus intereses o a su ambición, animados del espíritu de satisfacerla más o menos honradamente, y contando los días de su residencia en Filipinas, como el presidiario los del cumplimiento de su condena.
Ante esta realidad, Escosura propuso la formación de una Escuela de Cirugía en Manila cuyo título habilitara para el ejercicio de la Medicina, donde no hubiere médico cirujano peninsular establecido y en ejercicio de la profesión. Su director y profesores provendrían del Cuerpo de Sanidad Militar.
En 1870 se estableció una Facultad de Medicina y Farmacia en la Universidad de Santo Tomás (Manila).
En la sección Ultramar del Archivo Histórico Nacional se custodia el expediente de creación de las Facultades de Medicina y Cirugía y de Farmacia (1863-1872), así como la documentación mencionada en este artículo.
Para saber más, recomendamos consultar:
Campos Marín, Ricardo (coord..): La vacunación antivariólica en España durante el siglo XIX
Recursos audiovisuales:
John Curran, El velo pintado. 2006
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